La democracia es el imperio de la ley por encima de las necesidades individuales. Una ley discutible, recurrible pero garante de la igualdad de los ciudadanos. Para asegurar esa igualdad es imprescindible que la justicia sea un derecho universal y poner trabas económicas para acceder a ella hace peligrar la democracia. Los abogados coruñeses y gallegos, como sus homólogos de toda España, se concentran hoy ante las sedes judiciales para denunciar la subida de tasas que prepara el gobierno y el ministro Gallardón. Que llevarán a pagar por ejemplo doscientos euros para recurrir una multa de cien. 800 para apelar cualquier decisión judicial. Y en suma a poner más trabas económicas para que el ciudadano acceda a la justicia. En nuestro día a día podemos no darnos cuenta de las consecuencias de una decisión así, como tampoco de los recortes en la administración judicial. Pero lo que está pasando, también en este escenario es tan grave que va contra las bases de eso que se considera ser ciudadano de pleno derecho. No un súbdito.
En esa subversión de la realidad el gobierno sitúa de nuevo al ciudadano bajo sospecha. Gallardón anunciaba la subida de las tasas como forma de prevenir abusos.
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