Varios centenares de personas se han manifestado en diversas localidades de Galicia en contra del proyecto de reforma de la ley de seguridad ciudadana que prepara el gobierno. Han sido convocados por la Alianza social galega que reúne a los tres sindicatos mayoritarios y a diversas asociaciones y grupos políticos. No han sido manifestaciones multitudinarias, vista la gravedad de la situación que denuncian. Se sitúan frente a un proyecto de ley que genealiza las multas a quienes participan en actos de protesta, restringe el derecho a manifestación, con castigo por participar en manifestaciones no autorizadas, o que permite detenciones o retenciones de ciudadanos sin mediar juez hasta un máximo de seis horas. Toda la oposición parlamentaria habla de un recorte de libertades y derechos sin precedentes en este período democrático mientras que el gobierno proclama que le mueve la necesidad de defender a los ciudadanos que no se manifiestan ¿Defenderlos de quien? ¿De los que reclaman una sanidad, una educación o un trabajo digno para todos, hasta para la amplia mayoría que no participa en sus movilizaciones? De nuevo el mundo al revés.
Hay quien ha preguntado en París por este proyecto de ley.
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