El estado inyecta esta semana a través del Fondo de Ordenación del sistema bancario 2.465 millones de euros en NCG Banco y será propietario del 93 por ciento de la entidad. La caja tendrá una participación de menos del siete por ciento en el nuevo banco, lejos de la participación del 80 por ciento en el caso de La Caixa y del cien por cien de las cajas vascas en los bancos a que han dado lugar. Varias ideas acuden a la cabeza ante esta situación. La primera, cómo es posible que una entidad con tres millones de clientes y más de la mitad de depósitos del mercado gallego valga solamente 180 millones de euros? La segunda ¿Cómo se ha llegado a esta situación tras multitud de auditorías, control como mínimo anual, del Banco de España, y sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad? El principal directivo de una de las cajas fusionadas, José Luís Méndez, sigue siendo presidente de la fundación Caixagalicia y preside además Ahorro Corporación, Julio Fernández Gayoso es copresidente de la caja fusionada y los principales ejecutivos se han jubilado con indemnizaciones millonarias. Y la tercera idea, valorada así, a los pies de los caballos, el desmantelamiento de la caja se convierte en un negocio redondo, amparado por el gobierno y el Banco de España, al servicio de los mercados.
El colectivo Attack versioneó el anuncio de la salida a bolsa de Bankia.
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