El registro de bienes de nuestros políticos y el verdadero problema

Ofrece muchas dudas que la publicación del registro de bienes de nuestros representantes públicos sirva para algo. Si la fiscalía actuara de oficio de forma ágil, que no lo hace, y con el juego político limpio y efectivo y los controles internos ese tipo de gestos no serían necesarios. Supone vulnerar el principio de presunción de inocencia, asaltar la intimidad de cónyuges y familias de nuestros representantes públicos y coloca a todos nuestros políticos bajo sospecha. Mejor sería que pagaran con sus bienes excesos como los que hemos vivido en A Coruña a nivel urbanístico, que no se escudaran en la acción de los funcionarios que se supone actúan a sus órdenes. Si seguimos por ese camino el acento del debate público debería ponerse también en el patrimonio de jueces, catedráticos y altos directivos de bancos y empresas y desde luego no deberían ponerse en marcha medidas como la amnistía para el fraude fiscal general. Lo fundamental, un funcionamiento efectivo del poder judicial y asunción de responsabilidades, decíamos, ante dislates como los que hemos vivido en la ciudad o cuando se produce una deficiente administración, con desfases de presupuestos y obras innecesarias, en la gestión del dinero de todos.

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Ese no es el problema. El problema, uno de los problemas esenciales cuando se está recortando en becas en los nuevos presupuestos generales del estado, es el fraude fiscal. Arcadi Oliveres, profesor de economía de la Universitat Autònoma de Barcelona, colle o rabo da burra polo outro lado.