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lunes, 17 de diciembre de 2012

En este país siempre estamos en crisis





Comienza a aplicarse la ley de tasas de Gallardón. Todo el colectivo judicial se ha levantado contra una decisión injusta por lo desproporcionada que coloca al ciudadano bajo sospecha. Para prevenir el abuso se imponen tasas imposibles de pagar para una familia media. El Ministro ha calificado su protesta como corporativista. Porque se supone que la ley perjudicará su actividad. Es una protesta justa porque el colectivo defiende sus intereses legítimos que coinciden con los del ciudadano medio. La garantía de la tutela judicial es fundamental en democracia y en la vida de cada ciudadano. Y esta ley la entorpece de forma muy grave. Los intereses de la mayoría social coinciden con los que protestan por recortes en la sanidad, la educación, la justicia o el aparato de la administración. Esta crisis nos está demostrando que todos estamos conectados, que nos necesitamos. El comercio de la esquina, el bar de tapas, el centro comercial, dependen de la capacidad de consumo media de los ciudadanos que son profesores, parados, jueces, funcionarios de hacienda y todos necesitamos unos servicios ahora en peligro. Por eso es tan importante que la sociedad entienda la necesidad de unidad para que cambien las políticas.

En este país siempre estamos en crisis. Una de las últimas frases de esa gran película de Carlos Iglesias, Un franco, catorce pesetas.



viernes, 9 de noviembre de 2012

La subida de tasas judiciales, súbditos frente a ciudadanos





La democracia es el imperio de la ley por encima de las necesidades individuales. Una ley discutible, recurrible pero garante de la igualdad de los ciudadanos. Para asegurar esa igualdad es imprescindible que la justicia sea un derecho universal y poner trabas económicas para acceder a ella hace peligrar la democracia. Los abogados coruñeses y gallegos, como sus homólogos de toda España, se concentran hoy ante las sedes judiciales para denunciar la subida de tasas que prepara el gobierno y el ministro Gallardón. Que llevarán a pagar por ejemplo doscientos euros para recurrir una multa de cien. 800 para apelar cualquier decisión judicial. Y en suma a poner más trabas económicas para que el ciudadano acceda a la justicia. En nuestro día a día podemos no darnos cuenta de las consecuencias de una decisión así, como tampoco de los recortes en la administración judicial. Pero lo que está pasando, también en este escenario es tan grave que va contra las bases de eso que se considera ser ciudadano de pleno derecho. No un súbdito.

En esa subversión de la realidad el gobierno sitúa de nuevo al ciudadano bajo sospecha. Gallardón anunciaba la subida de las tasas como forma de prevenir abusos.